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Política popular en el umbral de la violencia durante la crisis de la República romana

1. Planteo del problema

Con la expansión territorial, Roma experimentó transformaciones económicas, políticas y culturales que impactaron en su organización social.¹ Hacia mediados del siglo II a. C., la apropiación desigual de los beneficios materiales, obtenidos en la conquista, produjo la intensificación de los conflictos entre la población (Lintott, 2006, p. 40-103; Breed, Damon y Rossi, 2010, p. 3-22; Steel, 2013, p. 1-62). El panorama incluyó intervenciones del populus, reuniéndose en el Foro, interpelando a los magistrados, protestando y provocando tumultos para hacer escuchar su voz (Millar, 1998, p. 1-48; von Ungern-Sternberg, 2014, p. 78-100). Los autores clásicos, y una parte de la bibliografía moderna, destacaron la violencia que tenía lugar en este tipo de movilización, producto de la subvaloración del pueblo como sujeto político (Mouritsen, 2001, p. 128-148; Wiseman, 2009, p. 1-32). Nuestro objetivo consiste en demostrar que el repertorio de acciones colectivas desafía la supuesta irracionalidad, así como la predisposición al desenfreno y a la manipulación, que adjudicaron al comportamiento plebeyo. Para este fin, primero, revisaremos los aportes historiográficos señalando problemáticas e interpretaciones de interés para la investigación. Segundo, abordaremos el modo en que los contemporáneos concebían la participación política de las clases bajas. Tercero, analizaremos ciertas cualidades de los procesos de subjetivación popular motivados por la demanda de tierra pública.²

2. Apuntes historiográficos

Para los especialistas en la república tardía, hasta la segunda mitad del siglo XX, las acciones colectivas de la multitud se encontraban comprendidas en la dinámica de facciones políticas en pugna.³ Lintott (1968, p. 74-88), en su estudio clásico sobre el período, sostiene que los plebeyos respondían a un mecanismo de autodefensa, fundado en una noción arraigada de justicia popular, que era invocado como contraprestación de vínculos interpersonales asimétricos por quienes se encontraban en la cima de la jerarquía social.⁴ Para el autor, la violencia tenía vigencia, como un recurso tolerado por la ley, en diversas circunstancias delimitadas por la sociedad.⁵ En este modelo, la agitación social solo se registraba en el campo de las disputas entre las grandes personalidades, que ordenaban teóricamente desde arriba la intervención de las masas, con abstracción de los intereses que pudieran tener.

La adopción de los principios y métodos de la historia económica y social, en expansión por aquellos años, motivó a los investigadores a desarrollar un enfoque centrado en las clases bajas, con la intención de restaurar su lugar como sujeto de la historia (Morstein-Marx, 2009, p. 99-111; Duplá Ansuátegui, 2011, p. 43-63).⁶ La pesquisa sobre las formas de explotación, la demografía, el desarrollo urbano, etc. demostraron que las acciones de los sectores subalternos, incluyendo las que contenían la violencia de modo efectivo o potencial,⁷ no estaban disociadas de las contradicciones que producía la sociedad.⁸ Yavetz (1969, p. 1-33) y Brunt (1981) plantearon que la progresión de los tumultos, desde el tribunado de Tiberio Graco, era el resultado de la pauperización de las condiciones de vida de la plebe romana, privada de los medios institucionales para canalizar sus demandas. Finley (1986, p. 121-122) argumentó que el pueblo ejerció una poderosa influencia tomando las calles. La afirmación señala, no sin razón, la eficacia de tales formas de intervención popular, imponiendo una necesaria revisión de las instancias de lucha y la naturaleza del liderazgo (Finley, 1986, p. 96; Brunt, 1988, p. 160-185).

Hasta hace no mucho tiempo, se pensaba que el liderazgo de la élite restringía la autonomía e iniciativa política de la plebe. Por ejemplo, Vanderbroeck (1987, p. 1-18) estudió las acciones colectivas entre los años 80 y 50 a. C. inspirado en los enfoques sociológicos de Turner, Killian y Tilly. Identificó tres tipos de líderes (principal, intermedio y auxiliar) que, en su opinión, organizaban a la multitud de arriba hacia abajo. Por ello, concluyó que la protesta popular en Roma no logró transformarse en un auténtico movimiento social (Vanderbroeck, 1987, p. 170-172). Esta perspectiva adopta la representación armónica que construía la élite romana sobre el ejercicio del poder. De acuerdo con ella, operaría en las clases bajas una aparente imposibilidad para auto-representarse y establecer metas congruentes con la estructura contradictoria de la realidad.⁹

A mediados de los años 80, Fergus Millar (1986, p. 1-11) cuestionó la aquiescencia de la plebe bajo el dominio de la élite. Destacó que las diversas intervenciones del pueblo en los espacios públicos, más allá del ejercicio de la ciudadanía a través del voto, eran una parte integral de la participación política.¹⁰ En este contexto, la violencia era un medio, un recurso entre otros posibles, empleado ante situaciones que suponían una amenaza real o potencial (Millar, 1998, p. 12-35). Las premisas formuladas por Millar invitaron a los historiadores a explorar los rasgos originales de la cultura plebeya, las formas de organización y los espacios de sociabilidad. Los viejos tópicos de la psicología de la multitud, que representaban a grupos marginales sin capacidad para tomar decisiones que expresaran su voluntad, fueron abandonados como deus ex machina de las explicaciones históricas (Purcell, 2006; Angius, 2018).

Los estudios de Garnsey (1988, p. 167-217) y Erdkamp (2002, p. 93-100), sobre las crisis alimentarias, mostraron que los disturbios urbanos constituían un mecanismo significativo de la interacción del pueblo con la élite. Explicaron que las revueltas no eran, como se suponía, simples respuestas instintivas a un estímulo directo. Es decir, involucraban una cierta elaboración reflexiva, una construcción colectiva que sumaba voluntades, en cuyo desenvolvimiento se agudizaban antagonismos. Las condiciones necesarias para la acción derivaban de un proceso de valoración de aquello que los plebeyos percibían como una injusticia. Por su parte, Courrier (2014) comprobó esta idea reconstruyendo los rasgos de las diversas subsecciones de la plebe e intentó determinar los elementos culturales que definían las formas de lucha. Para estos autores, inspirados en las premisas de la sociología de la protesta, la dinámica actuante del conflicto articulaba las expectativas de los actores con los recursos necesarios, en el marco social que condicionaba su experiencia subjetiva (Nippel, 1995, p. 90-112).

Desde un punto de vista diferente, con base en un marco teórico anclado en el concepto de capital simbólico de Bourdieu, algunos investigadores exploraron los códigos de significación de las prácticas políticas. Hölkeskamp (2010) sugirió que ciertas normas sociales, contenidas en el mos maiorum, habrían colaborado con la naturalización de los cauces de expresión de las tensiones sociales.¹¹ Funerales, celebraciones del triunfo, contiones, o dramáticas agitaciones, en realidad constituían rituales de consenso que no desafiaban la autoridad colectiva de la aristocracia (Aldrete, 2013, p. 425). El problema con este enfoque reside en que concibe a los plebeyos como participantes de intercambios simbólicos. Si bien no acordamos con esta perspectiva, dentro de la vertiente comunicativa, consideramos constructivos los aportes recientes sobre la opinión pública en Roma. En efecto, permiten pensar en un sujeto colectivo que orientaba la acción sobre la base de decisiones formadas en corrientes de información.¹²

Por último, cabe señalar que la historiografía, con excepciones, se concentró en los años finales de la república, retratados tendenciosamente por Cicerón (Mouritsen, 2001, p. 57-59). Bajo esta luz, los especialistas identificaron una progresión lineal en la frecuencia de las protestas, acompañada por el incremento de la violencia y una organización cada vez mayor de la población (Duplá Ansuátegui, 2008, p. 953-962; Tatum, 2020, p. 400-410). La tendencia actual a comparar estos eventos con el terrorismo, el bandidismo social o el vandalismo proporciona herramientas heurísticas, pero corre el eje de los problemas sociales que involucraban a la sociedad romana (Lutz y Lutz, 2006, p. 491-511; Urso, 2006; Davies, 2019, p. 6-24). A nuestro juicio, este proceder confunde fenómenos concomitantes. Es necesario contemplar, como reparo metodológico, que tratemos en cada caso con fuentes de movilización diferentes enlazadas en un único evento registrado. Por tal razón, consideramos importante establecer las tensiones que muestra el discurso sobre estos acontecimientos, más allá de los estereotipos que refuerzan, porque permiten observar las particularidades del comportamiento colectivo, cuya legitimidad como método de actuación transgredía los límites deseables para la clase dominante (Donaldson, 2012, p. 155).

3. Política popular en la mirada de la élite

Uno de los principales obstáculos que enfrentamos para estudiar motines, agitaciones y tumultos refiere al carácter de la información disponible. Las fuentes escritas fueron elaboradas por miembros de la élite para un público con el que compartían una actitud, cuanto menos, hostil hacia los subalternos (Africa, 1971, p. 3-4; Millar, 1998, p. 12-13). Más allá de la relativa carencia de testimonios producidos por las clases bajas, rasgo común que deben enfrentar historiadores de otras épocas, consideramos que no debe impugnarse la posibilidad de relevar evidencia significativa. Por el contrario, teniendo en cuenta esta particularidad, la reflexión sobre el sesgo de la documentación resulta necesaria. En gran medida, conocer cómo operaban los juicios de valor, pasando del objeto que construyen a una investigación del sujeto histórico, permite cuestionar la perspectiva que reproducen.

Los episodios de protesta, más violentos e impactantes, fueron narrados con especial interés. Las descripciones sobre el accionar de las clases bajas ofrecían, a modo de exempla, una guía para quienes debían lidiar con la disensión de la multitud. La sobrerrepresentación de este tipo de lucha en el registro escrito, respecto de otras modalidades cotidianas o capilares de resistencia, suministra una imagen sesgada que exacerba las consecuencias desafiantes de la movilización plebeya. La fragmentación de la evidencia se combina con una distorsión sobre el carácter de los sectores populares. En efecto, debemos enfrentar cierta imprecisión que, para confirmar la regla, elude la identificación de los participantes, los roles que desempeñaron y los motivos de los conflictos (Erdkamp, 2002, p. 95-97; Kelly, 2007, p. 152-156; Aldrete, 2013, p. 426-439; Courrier, 2014, p. 428).

En las fuentes, la intercambiabilidad de términos como populus, plebs, multitudo o vulgus forma parte de una estrategia narrativa. El empleo de las variantes no respondía únicamente a una cuestión de estilo, buscando eludir la reiteración, ni al desinterés o la conocida indiferencia por los estratos más bajos. Los autores ampliaban o restringían el significado del referente populus de acuerdo con las necesidades retóricas implicadas en la justificación de las relaciones de dominio. Populus podía designar a un colectivo específico tanto como a la totalidad de la ciudadanía (Nicolet, 1982, p. 248-253). Cuando definían a un grupo como populus o plebs, en latín, dêmos u ókhlos o plêthos, en griego, diferenciando del conjunto del pueblo a su parte subalterna, estaban comunicando a los lectores una imagen antes que una descripción social (Yavetz, 1969, p. 1-8). El problema con estos conceptos es que dicen poco de la condición socio-económica o de estatus que pudieran tener los conjuntos incluidos en las mencionadas categorías. El historiador tiene que intentar acceder a aquello, por un proceso de inferencia de cada mención particular, en un conjunto más amplio de redes de sentido (Morley, 2004, p. 69-70).

Mouritsen (2001, p. 16-17) destacó que existía una distancia entre la posición crucial que ocupaba el populus en el pensamiento romano y las personas que ejercían, en la práctica, las amplias atribuciones otorgadas a la ciudadanía. Si el pueblo, como abstracción, constituía un principio de legitimidad en la constitución de la comunidad política y un referente inapelable en el ejercicio del poder, en cambio, las subsecciones plebeyas no tenían un estatus equivalente.¹³ Por su parte, McClelland (1989, p. 1-4) subrayó, siguiendo a Aristóteles, la tensión que atravesaba la definición del todo comunitario y la inclusión de los “muchos” en el espacio común que articulaba la toma de decisiones. La república romana se encontraba calibrada por un principio de igualdad geométrica, aplicado en la operación del censo, que fraccionaba al cuerpo electoral en un orden jerárquico que afectaba el reparto de poder e influencia en la sociedad.¹⁴ Cicerón proporciona un fundamento teórico, al respecto, cuando argumenta que: “la llamada igualdad es sumamente inequitativa; porque cuando se concede el mismo honor a los superiores y a los inferiores (que deben estar presentes en cada pueblo), la equidad misma es sumamente desigual” (Cic.,Rep., 1.34.53).¹⁵ Por tal razón, el orador destaca el sistema serviano que: “aseguró que la masa del pueblo no fuera excluida del derecho a votar, ya que eso habría sido arbitrario, ni que tuviera demasiado poder, lo que habría resultado peligroso” (Cic., Rep., 2.22.39).¹⁶ El pueblo no se regía por un criterio atemperado por el bien común. Por el contrario, según afirma:

[E]n las asambleas el pueblo no actúa invariablemente en obediencia a su juicio; sino que suele estar influido por el interés, o cede a los ruegos y elige a aquellos por quienes ha sido consultado con mayor asiduidad. Y, por último, si procede de acuerdo con su juicio, no forma ese juicio por una selección cuidadosa o por sabiduría, sino más frecuentemente por el impulso y lo que incluso puedo llamar una especie de precipitación (Cic., pro Planc., 4. 9).¹⁷

El pueblo era considerado un elemento incontrolable, proclive a la manipulación y con baja o nula capacidad de reflexión (Courrier, 2014, p. 1-2).¹⁸ De esta manera, los plebeyos eran desplazados simbólicamente del campo de la comunidad política, puesto que no estaban dotados de las cualidades de la razón (logos) (Breaugh, 2013, p. 11-12). La condición de inferioridad era atribuida a una falta de dominio de sí que constituía una amenaza potencial para la estabilidad social (Whittaker, 1991).

Si los plebeyos no podían tomar decisiones conforme a criterios racionales, cualquier intento de reforma que respondiera a sus necesidades contingentes, representaba una amenaza para el orden establecido. En opinión de Cicerón (Off., 1.20-22; 2.73) se debía garantizar que el Estado conservara los bienes obtenidos colectivamente y los derechos de propiedad de los ciudadanos.¹⁹ De esta manera, cualquier iniciativa que, por ejemplo, contemplara la anulación de deudas o la redistribución de tierras podía causar la división de la ciudad (Osborne, 2006, p. 14). Dicho fraccionamiento contenía un componente violento puesto que “violabit ius humanae societatis” (Cic., Off., 1.21; 2.78; 3.21-23). En este sentido, la violencia desatada por el pueblo podía volverse más peligrosa que cualquier otra sin un jefe (identificado con un tribuno) que moderara su actuación (Cic., Leg., 3. 4.11; 3.10.23). Aspecto que reforzaba la supuesta irracionalidad de la multitud sin conducción, y acentuaba la crítica sobre quienes ejercían su liderazgo, sin procurar que la violencia fuera desterrada de la asamblea (Cic., Off., 1.42). De allí que Livio (Per., 59.15) acusara a Fulvio Flaco, Cayo Graco y Cayo Papirio Carbón, conocidos líderes populares, de provocar “seditiones” con leyes que favorecían a unos en detrimento de otros.²⁰

Cabe preguntarse si toda manifestación popular, fuera de los márgenes establecidos para la participación política, recibía la misma consideración negativa. En realidad, así como la violencia era aceptada en circunstancias específicas, que habilitaban el empleo de la fuerza para repeler un ataque en pos del bien común, también ciertas acciones del pueblo admitían un matiz en la valoración promedio que expresaba el discurso dominante. Esta línea argumentativa, que suponía un esfuerzo conceptual no exento de contradicción, cualificaba las instancias de lucha colectiva conforme a una evaluación de medios y fines. En particular, aquellas modalidades vinculadas con la defensa de la libertas tenían una especial connotación (Brunt, 1988, p. 327-350; Arena, 2012, p. 220-243). En la historia de la ciudad, las secesiones plebeyas, y los tumultos urbanos de las primeras décadas, señalaban un curso de acción que contribuyó, para la tradición popularis, a fortalecer la estabilidad de la república (Moatti, 2018, p. 21; 226-227). El amplio margen que proporcionaba la noción de utilitas publica podía favorecer una apropiación diferencial de los medios que se consideraban legítimos. Así se teorizó una división entre vis viables y vis punibles (Gabrielli, 2018, p. 844-849). Si el pueblo participaba de estas ideas, o no, es difícil saberlo, pero parece que tenían un fuerte impacto en la movilización.

Cicerón indica que Marco Antonio (abuelo del futuro triunviro) presentó esta tesis en la defensa de Cayo Norbano.²¹ En la voz de Craso, Cicerón dice que Antonio: “no dudó en adornar las sediciones mismas y demostrar con agudos argumentos que con frecuencia los movimientos populares no eran injustos” (Cic., De Orat., 2.28.124). A la luz de las circunstancias políticas pasadas: “incluso muchas sediciones habían sucedido de acuerdo con los intereses públicos” (Cic., De Orat., 2.28.124).²² Antonio demostró que se había concedido al pueblo romano, conforme a derecho, actuar en contra de quienes perturbaban los principios que regían el funcionamiento del orden social (Cic., De Orat., 2.48.199).

En su relato sobre la guerra contra Yugurta, Salustio indica que el tribuno Cayo Memio apuntó una tesis similar cuando denunció ante el pueblo a un grupo de senadores que había vendido su apoyo al rey de Numidia. Si bien Memio no consentía el uso de la violencia contra ellos, en cambio, sugiere que no debía quedar sin castigar un delito que afectaba a la comunidad en su conjunto, siguiendo el ejemplo de sus antepasados armados en secesión (Sal., Jug., 31.1-6). El tribuno insiste en que la acción del pueblo podía quebrantar la búsqueda de la utilitas individual que suponía un ultraje a la república. Esta adecuación a fines de auto preservación entraba dentro de una vía aceptable para la actuación popular.

Lo enunciado hasta aquí revela que la legitimidad de las diversas intervenciones políticas del populus dependía de la adecuación de las prácticas a un marco circunscripto de medios definidos por la aristocracia. Así lo manifestó Cicerón, cuando revisó los propósitos y recursos empleados por Tiberio Graco y Clodio, con la intención de diferenciar la violencia de los años 50 de aquella que le antecedió (Cic., Sest., 49-50). Sin embargo, un análisis detallado de los conflictos, indicando las condiciones volitivas para la acción, proporciona un encuadre para cuestionar esta interpretación sesgada de la actuación plebeya. Con seguridad, la plebe encontraría lícito, e incluso conforme a la tradición, defender sus intereses (commoda).

4. Demandas de tierra pública y acción colectiva con recurso a la violencia

La denominada “cuestión agraria” no era una novedad en la historia de la República (Flower, 2010, p. 61). Sin embargo, a partir de los hermanos Graco, se transformó en una problemática de primer orden, que se asoció tempranamente con el incremento de la agitación violenta (Cic., Rep. 3. 19. 32; 3.29. 41; Ap., B.C., 1.1; D. Cas., 24. 83.3-4; Vel. Pat., 2.2-3).²³ En relación con ello, nos interesa analizar los procesos de subjetivación política popular que tuvieron lugar en el marco de reformas agrarias propuestas por Tiberio y Cayo Graco, Saturnino, Livio Druso, Rulo y Cayo Julio César. Momento en el que las grandes narrativas referencian, parcialmente, los acontecimientos que involucraron a sectores subalternos, cuyas acciones tuvieron consecuencias en la dinámica general de las tensiones políticas. Nos centraremos en el proceso de construcción de la demanda colectiva que implica, al menos, dos cuestiones. Por un lado, el proceso de articulación social que permite conectar una situación de insatisfacción con las lógicas generales de dominio. Por otro, el modo en que un pedido se convierte en una exigencia, resultado de la negación de derechos, abriendo el campo para una acción de protesta (Laclau, 2008, p. 13-16). Elementos que permitirán evaluar el carácter de las manifestaciones plebeyas, el papel del liderazgo y la capacidad que tenía el reclamo de tierra pública para operar como significante de la movilización.

El primer punto a indagar concierne al proceso construcción de la voluntad plebeya en el campo del litigio. Para Courrier (2014, p. 436) se trata de identificar una síntesis de elementos dispares, angustias, preocupaciones, un conjunto de valores compartidos, acciones que acrediten intereses en común. Lo que supone un cierto nivel de comunicación, coordinación de esfuerzos y modalidades de expresión. Si observamos el primero de los casos seleccionados, la rogatio agraria de Tiberio Graco, encontramos que los campesinos se habían pronunciado sobre la situación que los aquejaba. Plutarco indica que Tiberio se vio interpelado por el campesinado cuando recorrió Etruria, en dirección a Numancia, en donde encontró inscripciones en pórticos, casas y monumentos que denunciaban las condiciones de indigencia en el campo (Plut., T. Grac., 8.7).²⁴ Más allá de la exactitud del relato biográfico, reforzado por la mención de Cayo Graco como fuente, queremos enfatizar la existencia de una comunicación abierta.²⁵ Este discurso resultaba clave en la producción de un sentimiento de injusticia generalizable, puesto que intervenía un proceso intelectual que identificaba las causas que obstaculizaban su modo de vida, haciendo comunicable sus efectos (Morstein-Marx, 2013, p. 43).

Si bien el descontento no era desconocido por la clase dominante adquirió una dimensión cualitativamente diferente a partir de la rogatio agraria. El debate en el espacio público produjo una aserción del movimiento definiendo la problemática como una cuestión que afectaba el régimen de apropiación de recursos en la comunidad (Jehne, 2013, p. 52-59). Tiberio se pronunció sobre la situación con base en tres argumentos que fundaron su propuesta para contener la expropiación del campesino: p. a) la necesidad de preservar los medios de vida para la producción y reproducción de la base social del ejército, b) la superioridad del trabajador agrícola libre por sobre el esclavo y c) el derecho de los ciudadanos a participar de los bienes socialmente obtenidos (Plut., T. Grac., 9.4-5; Ap., B.C., 1.7-9). El proyecto fijaba un límite de 500 iugera a la tenencia de tierra pública, admitía la conservación de la mitad de esa cantidad por cada uno de los hijos, prohibía la venta y establecía una comisión para el reparto del suelo disponible (Ap., B.C., 1.9; Plut., T. Grac., 10.3).

La historiografía discute si el comportamiento de la multitud responde a parámetros reactivos, condicionados por la injerencia del líder o bien presenta grados de autonomía y espontaneidad. No parece adecuado pensar esta cuestión en términos dicotómicos. La plebe no era un componente social homogéneo que pudiera expresarse de forma unánime. Resulta más productivo pensar en un proceso de interacción social que fluctuaba de acuerdo con intereses particulares, circunstancias, etc. (Courrier, 2014, p. 449-457). La demanda, frente a la que se posicionaba el tribuno, se constituía en un significante que trascendía lo individual para operar como denominador de un sujeto social colectivo (Angius, 2018, p. 27). El hecho de que la demanda se produjera dentro de la estructura política existente no debería entenderse como una limitación del movimiento. Sin embargo, adoptaría formas establecidas por el funcionamiento de las instituciones que constituían para los actores sociales una vía aceptable para la resolución del conflicto. En efecto, históricamente, varios cambios sociales en Roma se produjeron mediante la promulgación de leyes favorables al pueblo (Millar, 1998, p. 92-93; Williamson, 2005, p. 5-6). De allí que buena parte de los episodios de lucha tuvieran como escenario algún tipo de asamblea y la presencia de un líder político reconocible. Los campesinos encontrarían en la intermediación del auctor una estrategia factible para encauzar la lucha (Courrier, 2014, p. 601-603).

Los historiadores tendieron a observar la movilización bajo la óptica de un modelo sociológico de arriba a abajo. Esta perspectiva fue cuestionada por la reconsideración de los alcances de la relaciones clientelares de manera que no puede atribuirse al líder un férreo control sobre la multitud (Courrier, 2014, p. 501-519). La organización que suponía el proceso electoral, desde la formulación de la propuesta, la discusión en contiones hasta la votación, no niega la importancia de lazos personales, pero no debe confundirse con una dirección sistemática de una plebe pasiva. La decisión de desplazarse hasta la ciudad, que aquí aparece implícita, probablemente se basara en una evaluación positiva de las posibilidades que abría la rogatio, mediante la consideración de un discurso que hacía posible instalar en el debate público un conflicto que permanecía aislado de esa dimensión social y definía posiciones (Flower, 2013, p. 85-91).

Durante el proceso de discusión de la ley propuesta por Tiberio encontramos que las calles, alrededor del Foro, se convierten en un espacio para la expresión del conflicto. La provocación verbal buscaba, para una facción, obstaculizar la iniciativa, mientras que, para la otra, se trataba de defender la rogatio confiando en que, por su número, obtendrían una ventaja si llegara a someterse a votación (Plut., T. Grac., 9.4-10.5; Ap., B.C., 1.10).

Esta dinámica se encuentra también en la elección de Cayo Graco y en las circunstancias que rodearon la aprobación de su ley agraria. Durante la campaña electoral, intentó recuperar la memoria de su hermano y capitalizar el descontento por los obstáculos que enfrentaba el reparto de tierras (Plut., C. Grac., 2.2-4). La enunciación de un amplio programa de reformas llevó a la multitud a colmar la ciudad el día de la elección y durante la votación de las leyes una vez que fue electo tribuno (Plut., C. Grac., 3.1; Ap., B. C., 1.21; Diod. S., 34-35.24). Del mismo modo, Saturnino desarrolló una fuerte comunicación, mediante el envío de emisarios, para enfrentar la oposición concertada en contra de la redistribución de tierras que tenía entre los destinatarios a los soldados de Mario (Ap., B. C., 1.29). El reclamo de los legionarios, avanzada la centuria, será un componente cada vez más decisivo como mostrará la rogatio propuesta por César en el 59 (Ap., B.C., 2.10). En cada oportunidad, la labor pre comicial fue un elemento vital. Vemos que allí se establece una intersubjetividad capaz de enunciar los términos de una disputa de sentidos que resulta efectiva para la movilización.

El intento de frustrar el reclamo podía manifestarse de diversas formas. En algunas ocasiones se apelaba a la autoridad instituía, en otras a la manipulación o el engaño y en, casi todas ellas, la confrontación abierta constituía un horizonte posible que incluía la eliminación física de los líderes populares. Los mecanismos empleados eran advertidos por la plebe, contribuyendo a perfilar la noción de derechos compartidos no reconocidos, que se ubicaban en exceso de aquello que el régimen estaba dispuesto a absorber. Elemento que nos lleva al segundo punto de este análisis: el momento en el que una situación de injusticia o agraviante abre un espacio para la praxis violenta.

Tiberio Graco tuvo que suspender toda actividad pública, hasta que se produjera la votación de la ley, ante la férrea oposición encabezada por su colega en el cargo Octavio (Plut., T. Grac., 10.7-11.1; Diod. S., 34/35. 6). El día fijado, los terratenientes impidieron la lectura del proyecto y robaron las urnas. La capacidad de apropiarse de los medios necesarios para la votación reflejaba el control que podían ejercer sobre la asamblea mediante la manipulación de los procedimientos. Los campesinos respondieron con un insoslayable griterío y reclamaron que se reanudara el proceso con el tono desafiante de una gramática corporal. Manlio y Fulvio persuadieron a Tiberio para que presentara la cuestión en el Senado con el fin de dirimir la controversia. Los plebeyos mantuvieron la calma, pero aguardaron noticias de lo que sucedía en el debate senatorial. El cambio de eje en la disposición del espacio implicaba otra forma de exclusión del pueblo. No obstante, buscaron superar los límites, impuestos por las barreras físicas, al pronunciarse colectivamente desde el exterior del recinto. El fracaso de esta vía de acuerdo, llevó a que Tiberio regresara al Foro y declarara que pondría en consideración de la asamblea la continuidad de Octavio en el cargo y la aprobación de la ley (Ap., B. C., 1.11-12; Plut., T. Grac., 11.1-2).

En la fecha programada, Tiberio exhortó a Octavio para que cambiara de actitud, pero tras detener dos veces el procedimiento, sin obtener otra salida, la asamblea decidió la destitución. Por tal iniciativa, se reconocía la autoridad del pueblo para deslegitimar la dignidad atribuida al tribuno. Este acontecimiento supuso una ruptura en el derrotero del movimiento en relación con la violencia. Una vez que Octavio se convirtió en un ciudadano privado, la multitud se abalanzó sobre él y, si bien Tiberio protestó por este desmán, la agresión fue difícil de contener. En el tumulto le arrancaron los ojos a un esclavo que acudió en su ayuda y muchos ciudadanos resultaron heridos cuando intentaron proteger a Octavio. La violencia, en su dimensión extrema, se desarrolló dentro de los patrones culturales que guiaban el comportamiento de los plebeyos en la aplicación de justicia en el seno de la comunidad. A través de ella, se buscaba expiar el agravio recibido con el castigo físico del cuerpo del tribuno (Lintott, 1968, p. 177-178; Nippel, 1995, p. 57). El hecho muestra que no había una dirección jerarquizada del movimiento, sino que los plebeyos podían dar lugar a cursos de acción no esperados por los líderes, pero coherentes con el modo en que interpretaban la escena. La votación de la ley, finalmente, se produjo sin más interrupciones, lo que refleja hasta qué punto pudieron ejercer el control de la situación por encima de cualquier otra fuente de autoridad (Ap., B. C., 1.13; Plut., T. Grac., 12-13).

Tras asegurar su objetivo, los campesinos abandonaron la ciudad, aunque pudieron ser convocados con éxito en los meses siguientes con motivo de tratar el destino del tesoro del rey de Pérgamo, legado a los romanos, que Tiberio propuso emplear para equipar las parcelas de tierras entregadas (Plut., T. Grac., 14; Liv., Per., 58.3). No obstante, Tiberio vio frustradas sus intenciones de obtener un segundo tribunado, puesto que la elección coincidía con la época de cosecha, cuando sus principales fuerzas de apoyo se encontraban trabajando en el campo. De manera que el significante que organizaba la lucha no integró como significado la relación que existía entre la continuidad de una política agraria y la protección de su promotor. Un grupo bien coordinado bajo el comando de Escipión Nasica, en el que confluían nobles, clientes y esclavos, terminó con la vida de Tiberio y sus partidarios más cercanos, acusándolos de aspirar a instaurar una tiranía (Ap., B. C., 1.14-15; Plut., T. Grac., 16-20; Vel. Pat., 2.3.1-4.). La represión tuvo un efecto contundente, pues incluso cuando conocemos los obstáculos que enfrentó la comisión agraria, no tenemos información de una acción de protesta.

La reforma de Cayo Graco, relativa a la asignación de colonias fuera de Italia, en Capua, Tarento y en el antiguo territorio de Cartago, despertó la oposición de los terratenientes (Plut., C. Grac., 5-10; Ap., B.C., 1.22-23; Liv., Per., 60; Vel. Pat., 1.15). Primero intentaron atraerse el favor de la plebe mediante una propuesta de distribución de tierras, que no pensaban efectivizar, con la intermediación del tribuno Livio Druso (Plut., C.Grac., 9.1). La necesidad de captar la atención de la multitud reflejaba la imposibilidad de oponerse abiertamente a Cayo Graco. Más tarde, esparcieron la noticia, mediante rumores, de que la fundación de la colonia en Cartago se encontraba bajo malos auspicios, con la intención de provocar el temor entre la población (Plut., C.Grac., 11-12). Los eventos mencionados constituyen una muestra del ejercicio del poder de la clase dominante mediante el empleo de medios materiales y simbólicos que tenían a disposición.

El enfrentamiento abierto se produjo cuando el cónsul Opimio, amparado en los rumores mencionados, convocó a una asamblea para derogar la legislación referida a las colonias. La plebe ocupó el Capitolio desde la madrugada. La defensa de sus intereses superó con creces la maniobra empleada por los terratenientes para controlar la situación. En este episodio, se presentó un grupo más acotado de cada facción, pertrechado con puñales, junto a otro más amplio de la población dispuesto a defender lo actuado sobre la distribución de terrenos. La documentación no profundiza en la identidad de los grupos pero resulta posible advertir una sección organizada, bajo la dirección del tribuno, junto a una porción de la población más general que serían los beneficiaros de la ley. La violencia comenzó cuando un plebeyo llamado Quinto Antilio, que se encontraba ofreciendo un sacrificio, se dirigió a Cayo Graco con un gesto de súplica, que fue interpretado como un ataque directo a su persona. A la vista de todos, aquellos que protegían a Graco se abalanzaron sobre este personaje, sirviente del cónsul en la versión de Plutarco, provocando su muerte. Cuando el cadáver quedó expuesto se produjo una enorme confusión e, incluso, algunos mostraron su desaprobación con lo sucedido retirándose del lugar. El cónsul intentó persuadir al pueblo del peligro que representaba la violencia en la asamblea (Liv., Per., 61; Plut., C. Grac., 13; Ap., B. C., 1.24-25; Diod. S., 34/35.28a). Una vez disuelta, la multitud se agolpó en el Foro como si una calamidad fuera inminente. Otro grupo se apostó en la casa de Cayo Graco, mientras que el núcleo duro de partidarios, comandados por Flaco, se preparó para un enfrentamiento. El Senado decretó que la república no sufriera ningún daño justificando la adopción de medidas extremas (Nippel, 1995, p. 57-59). El cónsul convocó a una fuerza armada, compuesta por arqueros cretenses, y tras una serie de negociaciones infructuosas, asesinaron a los gracanos (Plut., C. Grac., 14.5; Ap., B. C., 1.25-26). Ante la represión, el movimiento se desarmó, o al menos, eso es lo que registra la narrativa, al confirmar la restauración del equilibrio de poder.

El contexto de la aprobación de la ley agraria de César sigue un parámetro similar. En el día de la votación acudieron a la ciudad más de 20.000 personas y las tropas de Pompeyo se encontraban en el lugar junto al general y Craso (Plut., Caes., 14; Plut., Pomp., 47). Una parte de la población estaba armada con puñales, puesto que era bien conocida la desavenencia del cónsul Bíbulo y el descontento entre los senadores (Liv., Per., 103.7; Ap., B. C., 2.10). Mientras que César se dirigía al pueblo, su colega intentó argumentar en contra del proyecto tomando la palabra, pero un tumulto impidió su avance hacia la Rostra y lo expulsó. Los plebeyos atacaron los símbolos del poder consular, rompieron las fasces y enseñas del cónsul e hirieron a los tribunos que rodeaban a Bíbulo, por el temor a que interpusieran su veto (Plut., Pomp., 48.). En este episodio, la violencia desacralizó la autoridad consular, la auctoritas que conllevaba el cargo y la expulsión del espacio se tradujo en un rechazo de la condición que revestía Bíbulo como magistrado del pueblo. Catón, que no aprobaba ninguna innovación en materia de reparto de tierras, intentó avanzar abriéndose paso hasta el centro de la multitud, pero dos veces, tras dirigirles algunas palabras e insultos por lo acontecido, fue arrojado afuera de la asamblea. El tumulto se mantuvo focalizado y se produjo a los efectos de continuar con la asamblea y garantizar la aprobación de la ley (Ap., B. C., 2.11; D. Cas., 38.1-7; Plut., Pomp., 48; Plut., Cat. Min., 32.2-6; Plut., Crass., 14-15). Como en otros episodios de subjetivación política, no quedan claros los roles desempeñados, ni siquiera la composición efectiva de la multitud, más allá de la mención realizada. Esto no obsta para observar cómo la cuestión agraria continuó siendo un operador para un proceso de subjetivación de una porción de la población que se abrió paso en el espacio público para defender sus derechos.

Lo enunciado hasta aquí revela que la plebe acompañó las propuestas de reforma, en sintonía con sus demandas, combatió la obstrucción y expresó su descontento en una variedad de formas que iban desde gestos de desaprobación, gritos, hasta la intimidación física y el asesinato en el tumulto. Ahora bien, la voluntad de la plebe no era suficiente para garantizar el éxito en la consecución de reformas. El liderazgo de un agente con la capacidad de llevar adelante la iniciativa política era un elemento de gran importancia para la actividad legislativa. A continuación, veremos un caso que, por la negativa, es decir, por la falta de un líder que condujera el proceso ante la asamblea, muestra los límites que podía encontrar la multitud en el ámbito fijado para la toma de decisiones colectivas en la comunidad.

En el año 63, Cicerón logró desarticular una propuesta enunciada por el tribuno Rulo que, según informa, se encontraba avanzada, aunque finalmente fue retirada sin someterse a votación. La propuesta consistía en un plan de colonización que disponía la compra de terrenos privados y la distribución de tierras públicas en Italia, incluyendo el ager campanus, y en las provincias (Cic., de leg. agr., 2.10-11; 2.70). En su alocución, Cicerón intentó advertir sobre las consecuencias teóricamente no percibidas por los ciudadanos subordinando el interés particular al bien colectivo. La posibilidad de argumentar en contra de la rogatio agraria era reducida (Cic., de leg. agr., 1.22). Por tal razón, concentró su ofensiva en dos cuestiones que tenían impacto en el imaginario romano. Por un lado, apeló a la figura del tirano para llamar la atención sobre las prerrogativas de la comisión agraria. Por otro lado, abordó el tópico de la preservación de los bienes comunes, insistiendo en los conflictos que podría acarrear privar al tesoro de los ingresos provenientes del arrendamiento del ager campanus (Cic., de leg. arg., 1.2-4; 1.9-22; 2.8).

El orador afirmó la incapacidad de la plebe para comprender los alcances de la reforma e instaló la idea de que la ciudadanía fue víctima de un engaño. Un tópico frecuente empleado para deslegitimar la inteligencia de las clases populares. No obstante, la situación enunciada reflejaba todo lo contrario. El propio Cicerón registra la actitud que adoptó de la multitud cuando alude al intercambio gestual que quebró la monotonía discursiva. En la asamblea, la tensión fue creciendo hasta que el comportamiento hostil, dibujado en los rostros y en la disposición física de los cuerpos, se manifestó en contra del propio cónsul impidiéndole seguir el hilo del alegato (Cic., de leg. agr., 3.2-3). Podemos destacar que la violencia aparece como una condición latente, pero que no se efectivizó en un plano físico. No quedan claras las circunstancias por las que Rulo no continuó con la propuesta pero parece que la presión ejercida sobre el tribuno tuvo mucho que ver (Willianson, 2005, p. 64-75; 105-107).²⁶

Queda, por último, revisar las posiciones que adoptaron los subalternos con respecto a la demanda de tierras. Apiano sugiere que durante el segundo tribunado de Saturnino se habría desarrollado un conflicto entre la plebe urbana y la rural. En ocasiones, se ha querido ver en dicho enfrentamiento la imposibilidad que tenían los plebeyos para luchar por un objetivo mayor, definido con abstracción de los factores específicos que movilizaban a un grupo u a otro. En este sentido, vale preguntarse si la rogatio agraria fue objeto de la división entre dos partes de la plebe.

Durante su segundo tribunado, Saturnino promovió una ley de distribución de terrenos en la Galia y la fundación de colonias en Sicilia, Acaya y Macedonia (De Viris Illustribus 73.5) que incluía una cláusula que obligaba a los senadores a prestar juramento para garantizar su obediencia (Liv., Per., 69.1; Plut., Mar., 29.1-3). Una vez que Saturnino fijó el día de la votación, la rogatio fue difundida por emisarios, buscando atraer a los campesinos a la ciudad. Apiano (B. C., 1.29) plantea que la plebe urbana estaba descontenta porque los aliados italianos se beneficiarían con la ley.²⁷ El día de la votación, los tribunos intentaron obstruir el procedimiento, pero fueron rechazados sistemáticamente por un grupo armado por Saturnino. Cabe resaltar que Apiano destacó la existencia de grupos armados distinguiéndolos de los restantes grupos que estaban presentes en la asamblea. El historiador reproduce una línea argumentativa que luego sería empleada para impugnar la votación. Si la violencia era premeditada, la decisión tomada no reflejaría la voluntad popular de los comicios, sino la respuesta a un acto coercitivo. Apiano planteó que la gente de la ciudad anunció que había escuchado un trueno, un presagio desfavorable, bajo cuyo signo no era posible continuar con ningún proceso legislativo. Sin embargo, con esta estratagema, no lograron detener el procedimiento, por lo que la gente de la ciudad dispersó a la plebe rústica por la fuerza (Ap., B. C., 1.30-31). Tras un breve retroceso, Saturnino emprendió la contraofensiva, dirigiendo a los campesinos en contra de los habitantes de la ciudad, ganando de este modo el control del espacio (Brunt, 1988, p. 278-280).

Como se puede ver, la violencia se produjo en ambos sentidos, pero tiene orientaciones e intensidades diferentes. La defensa del proceso legislativo coincide, una vez más, con el comportamiento general del campesinado que busca la aprobación de la propuesta, mientras que los métodos empleados en la obstrucción parecerían corresponder más con la actitud de los terratenientes. Schneider (1982/1983, p. 194-217) demostró, en contra de la posición de Gabba, que la reacción de la plebe urbana no tiene correlato en otras fuentes con excepción de Apiano (Plut., Mar., 30. 3-4; Vel. Pat., 2. 15. 4; Val. Máx., 9.7.1). A nuestro juicio, se trataba de diversas fracciones entre las que se encontraban un grupo de hombres cercanos al tribuno, otro más extenso que reunía a beneficiarios de la ley y una fracción de la plebe urbana que colaboraba con la oposición senatorial. En este marco, se podrían ubicar las menciones que hacen referencia al apoyo del pueblo a Metelo, enemigo declarado de la política de Saturnino (Ap., B. C., 1.31-32). De hecho, la obnuntiatio era un recurso típico de quienes buscaban cercenar la aprobación de la legislación popular. Es probable, entonces, que la cuestión itálica hubiera sido explotada para levantar a un grupo menor de dependientes que no era precisamente el proletariado urbano en favor del que había legislado Saturnino. No había un enfrentamiento in toto de estas secciones de la plebe. Por último, la violencia en su dimensión extrema, no era una característica exclusiva del comportamiento de la multitud, sino que podía ser empleada por diversos grupos sociales (Duplá Ansuátegui, 2011, p. 54; Tatum, 2020, p. 408).

Una situación similar se produjo con las reformas de Livio Druso. El tribuno promovió una rogatio agraria que contemplaba la fundación de colonias en Italia y Sicilia en territorios que no habían sido repartidos hasta el momento. Estos terrenos eran ocupados por antiguos possesores que habían aceptado perder las ocupaciones con la esperanza de obtener la ciudadanía (Roselaar, 2010, p. 281-288). Sin embargo, cuando Druso encontró dificultades para conceder los derechos de ciudadanía, puesto que se dice que no solo la élite sino también la plebe desaprobaban sus intenciones, los terratenientes italianos, etruscos y umbros, convocados por el Senado, pidieron a gritos que se derogara la ley sobre las colonias (Liv., Per., 71; Diod. S. 37.10.1-3; Ap., B. C.,1.36-37; Vel. Pat., 2.14. 1-3). En esta ocasión, no hubo un enfrentamiento abierto, pero el tribuno fue asesinado en la puerta de su casa antes de que pudiera tratar la cuestión. De nuevo, la identificación de la plebe resulta problemática y no parece probable que el asesinato fuera un acto producido por los sectores populares (Ap., B. C., 1.38).

De lo enunciado hasta el momento, podemos decir que la demanda de tierra pública constituía un operador en la configuración de una acción colectiva plebeya. A nivel práctico, era un poderoso instrumento de articulación social que vinculaba a diversos sectores de la población. Esto no quiere decir que pudiera funcionar como un significante que tuviera la capacidad de contener todas las tensiones sociales puesto que la base social era demasiado compleja. La plebe no actuaba como un bloque. Sin embargo, compartía aspiraciones, experiencias, preocupaciones y condiciones de vida similares que permitían, ante determinadas situaciones, emprender una acción concertada. Esto contradice la visión estereotipada de la clase dominante que encuentra en los sectores subalternos una masa indiferenciada sin iniciativa política. La expresión de la voluntad plebeya en el campo del litigio, incluso dentro de los parámetros que ofrecía el sistema político, constituía un índice de lo poderosas que eran las demandas por la mejora en las condiciones de vida que afectaban la dignitas populi, puesto que animaban a la población a movilizarse incluso conociendo las dificultades de la empresa.

5. Conclusiones

La presentación de la política popular en la república tardía se encuentra organizada por un esquema conceptual que contiene varios elementos. Aquí destacamos aquellos que colocan la acción colectiva del pueblo en términos de un fervor súbito caracterizado por la violencia, la manipulación y la irracionalidad en la toma de decisiones. La problemática en torno al acceso desigual a la tierra, el principal medio de producción, refleja una cuestión nodal vinculada con el régimen de apropiación de recursos. La persistente demanda ponía en evidencia las contradicciones que generaba el sistema despojando a quienes habían participado de la conquista de los recursos básicos para su reproducción. Todas las instancias de lucha política aparecen en las grandes narrativas como eventos de una enorme tensión social. Allí se sugieren varias formas de intimidación, amenaza o presión que constituyen el umbral de violencia potencial o real que los contemporáneos someten a un intenso escrutinio para deslegitimar la intervención política del pueblo.

Con el análisis de los casos seleccionados intentamos demostrar que la violencia ejercida por la plebe se enmarcaba en una situación de elección sobre la necesidad de emplear el recurso. La eficacia operativa de este instrumento suponía una evaluación de las condiciones emergentes a las que solo podemos acceder mediante la orientación que sigue la acción en el discurso escrito. La instrumentalización de formas coercitivas, o incluso la amenaza, se convalidaba en una tradición social que justificaba el rechazo de la violencia con violencia. La violencia extrema fue practicada por la plebe, pero al menos en los casos relevados, se objetivaba en una personificación del conflicto, que excluía a la persona objeto de la agresión del universo simbólico de la civitas. En particular, esta se producía cuando se intentaba desarticular una instancia de elección colectiva excluyendo al pueblo del territorio común que habilitaba la política.

La articulación de demandas permitía cohesionar a los grupos sociales en una acción política que iba más allá del grupo subalterno. La posibilidad de configurar una visión más amplia sobre el problema, a partir de identificar esta sumatoria de voluntades en la defensa de cuestiones sensibles para la plebe, indica que podemos acercarnos a una construcción deliberada que nada tiene de irreflexiva.

Datos del autor

Docente del Departamento de Historia y del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integra proyectos de investigación radicados en la UNMdP, UNLP y UBA. Forma parte del Programa de Estudios sobre las Formas de Sociedad y las Configuraciones Estatales de la Antigüedad del Instituto de Historia Antigua y Medieval, Prof. José Luis Romero, de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos y Secretario de la revista Pasado Abierto del Centro de Estudios Históricos de la UNMdP.

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Notas