Sociedades Precapitalistas , vol. 3, nº 2, julio 2014. ISSN 2250-5121
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Estudios de Historia Social Europea

RESEÑA / REVIEW

 

Monsalvo Antón, J. M. (Ed.) (2013), Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media Castellana, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Monsalvo Antón, J. M (Ed.) (2013), Urban societies and political cultures in Castilla late Middle Age, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

 

Tamara Somoza

Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia Antigua y Medieval
Argentina.
tam.smz@gmail.com

 

Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media Castellana reúne un conjunto de trabajos que se inscriben dentro de una línea historiográfica reciente que tiene por objeto el estudio de las culturas, las identidades y las representaciones políticas en el ámbito urbano. En la actualidad, la llamada “historia urbana” constituye un campo muy amplio y poco delimitado, que comprende problemas y abordajes heterogéneos. En este sentido, Monsalvo Antón, editor de este libro, refiere a la necesidad de buscar “una mayor concreción dentro de estos enfoques”. (p. 9)

El estudio del imaginario, las percepciones sobre la ciudad y el poder configuran los principales temas de la historia urbana actual1. Frente a tal amplitud, estructuraremos este comentario bibliográfico a partir de la discusión entre dos líneas de trabajo alrededor de los conceptos sobre lo público, el bien común y la justicia general que aparecen en los discursos políticos bajomedievales.

La primera lectura reconoce en el período bajomedieval un “avance de lo público” (Bonachía Hernando) o bien un “avance de la justicia pública” (Díaz de Durana y Fernández de Larrea), nociones ligadas a la preeminencia del bien común y a su despliegue sobre los intereses particulares. En la segunda lectura, por el contrario, estos conceptos son puestos en discusión, en base a un trabajo crítico de fuentes donde se intenta advertir los significados subyacentes. El bien común refiere a un recurso retórico-estratégico utilizado por distintos colectivos sociales para conseguir objetivos determinados: la idea del bien común “…escondía con frecuencia intereses particulares” (García Fernández, 76).

Bonachía Hernando es uno de los exponentes de esta primera línea de trabajo. La retórica del bien común, señala el autor, es empleada por los gobiernos municipales en vistas a la legitimación de su acción política. Si bien reconoce que la apelación al bien común es utilizada como una herramienta en el juego político, afirma que los concejos han adoptado esta política intervencionista con el mero objetivo del embellecimiento de la ciudad y de la mejora de las condiciones de vida, tal como aparece en las distintas fuentes. En este sentido, el autor asume la trasparencia del discurso del poder público del que el historiador daría cuenta a través de la constatación documental de la presencia de tópicos recurrentes.

A partir de las Leyes de las Partidas, Bonachía Hernando admite la existencia de un período de “triunfo de lo público”. Las Partidas mostrarían, por un lado, la voluntad del poder regio de conservar los espacios y bienes comunes frente a los intereses privados, y, por otro, el llamamiento a la colaboración de todos los miembros de la comunidad para su preservación; lo cual implicaría la presencia de un “principio igualitario”. Para el siglo XV, el autor reconoce una política urbanística dirigida a salvaguardar la circulación, seguridad y salud de la ciudad que señala la presencia activa de una noción de interés general.

Bonachía Hernando refiere al “triunfo de lo público” a partir de la norma, desplazando de su análisis la importancia de las prácticas concretas. ¿Estamos en condiciones de sostener estas ideas limitándonos al plano normativo? En otras palabras, la existencia misma de la norma, ¿no advierte más sobre lo que no ocurre que sobre aquello que sí tiene lugar?

Resulta similar la propuesta de Díaz de Durana y Fernández de Larrea. Si bien su estudio se focaliza en los efectos reales que produce la señorialización trastamarista sobre los gobiernos urbanos, reconocemos la idea de un creciente poder de la justicia pública. Lo público se imponía progresivamente sobre lo privado, en un proceso evolutivo que concluiría más allá de los siglos bajomedievales.

En esta línea, el análisis documental de Martín Cea también nos merece algunas puntualizaciones. La construcción de su argumentación se funda en una descripción por momentos ingenua de los documentos analizados. En su trabajo sobre el protagonismo de la plaza en el mundo bajomedieval, caracterizada como el “espacio público por antonomasia” (Martín Cea, 143), se advierte que desde los gobiernos municipales existe una consciente necesidad de dotar a la plaza de un carácter público, destinado al disfrute de los vecinos y capaz de responder a sus necesidades colectivas. El principio de lo público, proclamado por los gobernantes municipales, encontraría obstáculos en la resistencia de los representantes de lo privado, identificados con los intereses de los clérigos salmantinos, que se niegan a trasferir los inmuebles necesarios para construir una plaza mayor, que actuara como centro del poder político municipal. La búsqueda del consenso ciudadano y la instrumentalización de la plaza como imagen del poder urbano y manifestación simbólica de su buen proceder señalan en esta línea, los rasgos innovadores que emergen en la dinámica política bajomedieval. Se abría, entonces, un cauce de comunicación entre gobernantes y gobernados como novedad de la época y como anticipación de las formas de organización política moderna.

Por el contrario, Monsalvo Antón, en su trabajo sobre la mentalidad colectiva de los caballeros patricios subraya la necesidad de hacer visible la diferencia, tanto entre los mismos caballeros (elite regimiental/caballeros marginados de los principales oficios concejiles) como entre este segmento superior y los pecheros. Así, los caballeros patricios no tenían motivos para desplegar estrategias legitimadoras, ni para promover espacios de comunicación entre los diferentes y entre los opuestos.

De todas maneras, en ciertos pasajes de su artículo subyace la idea de un progresivo crecimiento de la justicia legal y pública, en oposición a los intereses privados de los regidores. A partir de los conflictos rurales alrededor de las usurpaciones de términos, Monsalvo valora la conducta de los poderosos desde calificaciones subjetivas que darían cuenta de las razones de su proceder: los caballeros son “arrogantes” (Monsalvo Antón, 2013: 185), portadores de “cierta impunidad” (Monsalvo Antón, 181), “cargados de prepotencia y complejo de superioridad” (Monsalvo Antón, 184) y caracterizados por un “afán de acaparar bienes” (Monsalvo Antón, 178) contra el pro-comunal y el bien común.

Si bien Monsalvo Antón es muy cuidadoso en el empleo de las categorías, evitando la utilización de definiciones generalizantes como “gobernantes” y “gobernados” y distinguiendo con precisión a los diferentes colectivos y sus intereses, termina apelando a un esquema dual que opone a los caballeros y a los pecheros de manera rígida. De este modo, el autor asigna un determinado modus operandi a cada grupo que funciona como tipo ideal más que como realidad histórica concreta: los caballeros patricios, violentos e ilegales, opuestos a la justicia pública, se enfrentan a los pecheros, en alianza con la Corona y con los sectores más bajos de la nobleza que pugnaban por acceder al poder político.

Es así que, valiéndose de su soberanía superior, el poder regio siempre estaba dispuesto a contestar los atropellos de los regidores. Observamos, entonces, el supuesto de un avance de la justicia pública en el período bajomedieval, encarnada por la monarquía. Podríamos decir, en este sentido, que su trabajo presenta aspectos singulares que permiten ubicarlo como bisagra entre las dos líneas de interpretación que identificamos al comienzo de este comentario.

El marco de análisis de Jara Fuente comparte esta misma impronta, en su estudio de la ciudad de Cuenca en la etapa previa a la monarquía católica. En acuerdo con Díaz de Durana y Fernández de Larrea, Jara Fuente caracteriza el período como un momento en el cual la acción política no persigue el objetivo del bien común. Esta afirmación se funda en la descripción de un cronista de la época, fuente que, según el autor, da cuenta con bastante fidelidad de las cualidades de este proceso histórico. La llegada al trono de Fernando e Isabel inauguraría por el contrario, una etapa de “recuperada capacidad y efectividad de la acción regia” (Jara Fuente, 124), orientada a la consecución del bien común, en consonancia con los planteos dominantes de la historiografía.

No obstante, el bien común se presenta como una herramienta discursiva de intervención política de la ciudad: ante el ataque de la nobleza, el concejo de Cuenca logra imponer una estructura de discurso, comprensible para todos, en la cual el referente ideológico del bien común, equiparado al buen gobierno, conforma un principio sustantivo. La adopción por parte de la nobleza de esta forma de retórica será un elemento clave que tienda a reducir el conflicto, no a eliminarlo.

De esta manera pasamos a la segunda línea de interpretación que reconocemos en esta obra, encabezada por García Fernández. En palabras del autor “El <<bien e pro común>> fue una expresión que escondía intereses específicos diferenciados y contrapuestos, dependiendo de quién la utilizara.” (García Fernández, 121). Analizando la relación entre los gobernantes de las ciudades y los moradores de la tierra en el País Vasco durante el siglo XV, afirma que cada grupo entendía por bien común algo diferente: en el discurso “anti-villano” articulado desde la tierra, dicho concepto se identifica con una defensa de la mayor equidad contributiva; los gobernantes de las villas, por su parte, lo asociaron con su accionar privilegiado y con la protección de la república.

En este mismo sentido, Tena García, alude a la utilización discursiva del bien común como parte de una estrategia política en el marco de una situación conflictiva entre el concejo y las cofradías de mareantes, hacia finales del siglo XV en la costa Cantábrica. Mientras que las cofradías, regidas por sectores intermedios en alza, proclamaban la defensa de los “intereses del común”, el concejo también se valía del mismo recurso. Ante los distintos intentos de las corporaciones de alcanzar el poder político, el concejo los rechaza a través de ordenanzas que se presentan y legitiman a partir del tópico del pro-común. Tena García caracteriza este juego de intervenciones discursivas, de estructura y retórica similar, pero con objetivos e intereses distintos, como parte de los recursos que configuran la propaganda política.

En definitiva, esta obra colectiva actualiza la discusión de las categorías y nos recuerda el desafío que su empleo representa para el historiador. La problematización de los conceptos y su historización nos previene de una visión de la historia como un desarrollo lineal y progresivo de las ideas, que alcanzan su madurez en un momento y son fácilmente rastreables en el pasado. El trabajo concentrado de interpretación crítica de las fuentes posibilitará advertir los disímiles significados que asumen las mismas nociones en cada contexto particular.

1 La actualidad de la cuestión en  Lecuppré-Desjardin, E.; Van Bruaene, A. L., De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.), Turnhout Brepols Publischer, 2010, entre otros.

 

Recibido: 14-05-2014
Aceptado: 14-05-2014
Publicado: 15-07-2014

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